Descubre algunos cambios clave en la traducción de términos jurídicos y cómo pueden ayudar a evitar errores costosos en contratos, normativa y tratados internacionales.
El lenguaje jurídico no es estático: evoluciona. A medida que las leyes se adaptan a nuevas realidades, también deben hacerlo los términos que utilizamos para describirlas. Y es que una sola palabra imprecisa en la traducción de una ley o un contrato puede dar lugar a disputas e incluso a consecuencias regulatorias.
A lo largo de los años, instituciones como la Unión Europea y la OMPI han ido perfeccionando la terminología jurídica en distintos idiomas para corregir errores del pasado y evitar que vuelvan a producirse. En este artículo veremos casos reales en los que una sola palabra tuvo importantes consecuencias jurídicas y cómo una mejor elección terminológica ayudó a corregir el problema.
Las consecuencias de utilizar una terminología jurídica incorrecta
En el ámbito jurídico, cada palabra tiene un peso enorme. Un pequeño error de traducción puede alterar el significado de un contrato, una ley o un tratado, poner en riesgo operaciones comerciales o comprometer derechos de propiedad intelectual.
En contextos en los que hay tanto en juego, «más o menos correcto» no es suficiente. Incluso diferencias muy sutiles en la elección de una palabra pueden modificar considerablemente la intención de un documento jurídico. Basta pensar, por ejemplo, en la diferencia entre «unsolicited» y «unwanted»: pueden parecer términos intercambiables, pero jurídicamente no significan lo mismo.
Además, los términos jurídicos rara vez tienen equivalentes exactos y unívocos en otros idiomas. Un pequeño error, como utilizar un término incorrecto para «data subject», puede provocar interpretaciones erróneas y generar obligaciones jurídicas que no se correspondan con las previstas originalmente.
Terminología bajo examen: casos reales en los que una palabra provocó problemas jurídicos
Con el paso del tiempo, determinados términos se han ido revisando para eliminar ambigüedades y asegurarse de que encajen correctamente en los marcos jurídicos de los que forman parte. Veamos algunos ejemplos en los que estos cambios terminológicos ayudaron a resolver problemas jurídicos y a evitar otros futuros.
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Titular de datos vs. tenedor de datos
En el ámbito español de la protección de datos, tradicionalmente se utilizaba titular de datos para traducir «data holder». Sin embargo, este uso generaba una importante confusión. Titular de datos suele asociarse más fácilmente al interesado, es decir, a la persona cuyos datos se están tratando, y no a la entidad que posee o controla esos datos.
Esta ambigüedad se convirtió en un problema durante la revisión de nueva normativa de la UE. ¿El motivo? En textos jurídicos y comunicaciones públicas, titular de datos podía confundirse fácilmente con interesado, que corresponde a «data subject».
Para evitar esta confusión, la UE adoptó tenedor de datos para referirse al «data holder». Este término permite dejar claro que el tenedor de datos es la entidad que tiene determinados derechos u obligaciones en relación con esos datos, y no la persona a la que estos se refieren.
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Licenciatario vs. licenciante
Un ejemplo clásico de error de traducción aparece en el Reglamento (UE) n.º 316/2014 de la Comisión Europea. En la versión española, «licensor» se tradujo erróneamente como licenciatario, invirtiendo así el significado previsto.
No se trataba de un error menor. El licenciante y el licenciatario asumen obligaciones jurídicas opuestas. Utilizar el término incorrecto podía dar lugar a interpretaciones graves y erróneas en contratos de licencia. Por ello, se publicó una corrección de errores oficial para subsanar el problema y licenciatario se sustituyó por licenciante, recuperando así el significado correcto.
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«Unsolicited» vs. «unwanted»
La Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas de la UE (2002/58/CE) utiliza el término «unsolicited communications» para referirse a comunicaciones enviadas sin el consentimiento del destinatario, como el spam. Sin embargo, en la versión neerlandesa se tradujo incorrectamente como «unwanted communications».
¿Cuál era el problema? «Unwanted» introduce un componente subjetivo: algo que el destinatario simplemente no quiere recibir, en lugar de algo que se ha enviado sin su consentimiento. Este pequeño cambio de significado generó confusión y obligó a intervenir al legislador neerlandés.
Para aclararlo, se añadió una nota a pie de página en la Ley de Telecomunicaciones de los Países Bajos indicando que la intención de la Directiva original era regular las comunicaciones «unsolicited», es decir, no solicitadas, y no únicamente aquellas que el destinatario considerase no deseadas.
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La búsqueda de coherencia de la OMPI en la terminología española de los tratados
Garantizar una terminología coherente entre distintos tratados es fundamental. En 2022, la OMPI detectó errores de traducción en la versión española del Arreglo de Lisboa, que regula la protección de las denominaciones de origen. Estas discrepancias entre el texto español y las versiones inglesa y francesa podían dar lugar a interpretaciones erróneas.
Para resolver el problema, la OMPI publicó una serie de correcciones destinadas a alinear la redacción española con la de los demás idiomas. Esto resultó especialmente importante en el caso del término notoriedad, utilizado en la versión española cuando el concepto jurídico que se pretendía expresar era «reputación», tal como aparecía en las versiones inglesa y francesa.
Cómo garantizan las instituciones la precisión del lenguaje jurídico
Las instituciones encargadas de gestionar leyes y tratados multilingües deben asegurarse de que la terminología jurídica sea precisa y uniforme en todos los idiomas. Por eso incorporan distintos mecanismos de control a sus procesos de traducción.
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Traductores, juristas-lingüistas e IATE en la UE
El servicio de traducción de la Unión Europea es un buen ejemplo de cómo gestionan la terminología jurídica las grandes instituciones. La UE cuenta con una red de traductores y juristas-lingüistas, además de bases terminológicas como IATE (Interactive Terminology for Europe), para garantizar que los términos jurídicos se traduzcan correctamente en las 24 lenguas oficiales.
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Correcciones de errores: qué ocurre cuando una ley necesita una rectificación
En ocasiones, las ambigüedades o errores se detectan después de la publicación de una norma. En estos casos, se publica una corrección de errores oficial para subsanar las posibles interpretaciones incorrectas.
Por ejemplo, tras la publicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en 24 idiomas, se detectaron varios problemas de traducción que dieron lugar a una corrección de errores formal.
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La OMPI y los tratados multilingües
En los tratados internacionales es fundamental garantizar que todas las versiones lingüísticas con valor oficial sean coherentes entre sí. La OMPI utiliza su portal terminológico multilingüe WIPO Pearl para normalizar términos como «indicaciones geográficas» en distintos idiomas.
Este enfoque proactivo ayuda a evitar discrepancias y garantiza la coherencia entre las distintas versiones oficiales de los tratados internacionales.
Por qué es importante para tu empresa
Estos ejemplos dejan algo claro: en traducción jurídica, que algo sea «más o menos correcto» no basta. Hay demasiado en juego y las consecuencias de una interpretación errónea pueden ser muy graves.
Para proteger tu empresa, necesitas trabajar con profesionales lingüísticos especializados en el ámbito jurídico. Expertos que no solo conozcan el idioma, sino también los sistemas jurídicos que hay detrás. Contacta con nosotros para obtener traducciones jurídicas precisas, fiables y adaptadas a las necesidades de tu empresa.
