La prestación de servicios lingüísticos como actividad profesional es una labor que puede parecer genérica al ojo inexperto. ¿Acaso no abundan las personas que piensan que traducir es «solo expresar en un idioma lo que se ha dicho en un primero»? Aunque pueda parecer una definición superficialmente correcta, lo cierto es que ignora uno de los principios fundamentales de nuestra profesión, sin el cual las traducciones no serían más que versiones arbitrarias producidas en diferentes lenguas de destino. Por ello, contrariamente a lo que se puede llegar a pensar, uno de los aspectos esenciales de una traducción es que esta debe ser funcional, es decir, adecuada para el contexto en el que va a ser empleada y, por supuesto, presentar «equivalencia dinámica», un concepto presentado por el lingüista Eugene Nida acerca de la necesidad de que las traducciones provoquen en el lector de destino el mismo impacto que en el lector de origen (dicho de otro modo, que se valora que una traducción «no suene a traducción», sino que dé la impresión de haber sido redactada como un original). Estos aspectos conforman en gran medida las expectativas relativas a la calidad de las traducciones y, como no podría ser de otra manera, cobran mayor o menor importancia en función del área de especialidad en la que se inscriba la traducción en cuestión.
Una de las áreas de especialidad en la que más importa saber reproducir el contenido con adecuación a la audiencia de destino y respetando escrupulosos criterios de fidelidad y precisión terminológica es la de la traducción jurídica. Por ello, en el artículo de hoy queremos profundizar en la naturaleza de esta especialidad de traducción y reflexionar acerca de las principales dificultades que la convierten en una de las especialidades más complejas dentro del sector.
En este escenario, cabría preguntarse: ¿Por qué es tan importante la traducción jurídica? La respuesta a esta pregunta no es del todo actual, ya que se lleva gestando durante varios años, aunque las soluciones y los enfoques profesionales se modernizan constantemente. Lo cierto es que, en un mundo globalizado, las relaciones entre las empresas, las instituciones, los gobiernos y las personas de diferentes países pasan por establecer acuerdos y pactos regulados por documentos que creen una vinculación legal entre las partes con arreglos a las disposiciones legales de cada sistema jurídico. Por ello, la traducción de los documentos de esta índole debe reflejar con precisión el contenido de los textos de origen y ser interpretable por los usuarios finales tanto especializados (abogados, jueces, etc.) como no especializados, contemplando y reflejando las posibles diferencias que puedan surgir de dos sistemas jurídicos que pueden llegar a ser diferentes. Por lo tanto, es evidente que la traducción jurídica es una especialidad que exige un gran rigor profesional, un conocimiento profundo y procedimientos de control de calidad exhaustivos. Ahora bien, ¿cuáles son las principales dificultades que encuentran los traductores a la hora de hacer traducciones en el ámbito jurídico?
Para empezar, conviene destacar la existencia de una serie de aspectos formales que hay que tener en cuenta a la hora de aceptar y organizar la traducción de un proyecto de traducción jurídica. Para empezar, hay que distinguir entre lo que es una traducción jurídica y una traducción jurada. Para no extendernos aquí, os recomendamos leer una de nuestras entradas: Traducción jurada (para no llevarse sorpresas); pero, en definitiva, se trata de distinguir entre traducciones que se enmarcan en el ámbito legal y traducciones que necesitan llevar el sello de un traducción reconocido por un organismo oficial. Por supuesto, es habitual encontrar traducciones jurídicas que necesiten ser juradas. Asimismo, uno de los aspectos más cruciales en esta especialidad es el de la confidencialidad. La información que se divulga en los documentos jurídicos suele ser sensible, por lo que desde la agencia de traducción se tiene que garantizar un tratamiento adecuado. En la práctica, esto quiere decir que no disponemos de tanta libertad en la gestión de proyectos; ya que, por ejemplo, si nos llega un encargo urgente de muchas palabras, tendremos que informar a los clientes antes de dividir la tarea entre distintos traductores o incluir a otros recursos humanos para las distintas fases de verificación. De la misma manera, habrá objeciones a la hora de utilizar motores de traducción automática, ya que no sería recomendable cargar estos datos a los corpus públicos, si bien puede ser lícito crear una memoria interna entre el cliente y la agencia de traducción.
Pero, en el plano práctico, también existen dificultades que los traductores jurídicos deben aprender a superar. En este artículo, nos gustaría destacar los siguientes. En primer lugar, existe el riesgo de «sobretraducir» o traducir explicando en exceso. Algunos profesionales opinan que, en realidad, esta tendencia no evidencia más que una falta de conocimiento en la materia, y es que, en ocasiones, los traductores ofrecen traducciones muy extensas para determinados conceptos que ya disponen de un término en el lenguaje especializado. Por este motivo, es fundamental hacer una labor de documentación exhaustiva o conocer de antemano el lenguaje jurídico. Este aspecto nos lleva a la siguiente consideración, que trata sobre asumir la responsabilidad de una traducción jurídica para la que no se dispone de los conocimientos suficientes sobre los respectivos sistemas jurídicos. En esta área de especialidad, existen multitud de tipos de textos, algunos de los cuales hacen referencia a sistemas jurídicos específicos o se enmarcan en su contexto. Si no se conoce adecuadamente su funcionamiento, se puede incurrir en errores graves, los cuales pueden tener consecuencias graves de cara al uso de dicha traducción. En esta línea, os recomendamos leer La responsabilidad legal en traducción. Y en último lugar, destacaríamos la necesidad de ser extremadamente fiel al contenido del original, sin añadir o eliminar matices que puedan resultar cruciales para la interpretación de los documentos. Por este motivo, en la gestión de traducciones jurídicas intervienen controles de calidad minuciosos por parte de revisores y correctores.
En conclusión, las traducciones jurídicas son una especialidad altamente sensible dentro del catálogo de servicios de una agencia de traducción. Por ello, es fundamental encomendársela a profesionales de confianza y cualificados que sepan sortear las dificultades inherentes a ellas y producir una traducción final funcional y de calidad.
Ref. de la imagen: https://mitratranslations.com/en/important-facts-about-legal-translation/
