La traducción es una actividad profesional que no existe de manera aislada como una labor de correspondencias interlingüísticas que se queda en un ámbito meramente teórico o contrastivo. La traducción es una actividad tremendamente dinámica y que se encuentra en constante relación con otras actividades profesionales a las que presta servicio. En otras palabras, podríamos afirmar que la traducción existe por las necesidades generadas en otros sectores y que su importancia no radica únicamente en el propio proceso de localización en cuanto a las decisiones de traducción y el control de su calidad, sino que los productos traducidos tienen una vida posterior a su entrega y que, en términos prácticos, esta es su finalidad última y el estado en el que más van a durar en el tiempo. Al fin y al cabo, hacemos traducciones para fines específicos y esos fines pueden tener una aplicación de mayor o menor duración, pero siempre se destaca que el verdadero control de calidad de una traducción es que esta sea efectiva en su ámbito de aplicación, que logre un efecto análogo en la audiencia de destino al que logra en la audiencia original y, sobre todo, que reproduzca la información objetiva de dicho contenido original con el máximo rigor.
En ocasiones, estos aspectos deben ir avalados no solo por la validación de una agencia de traducción o por la palabra de un profesional autónomo, sino que es preciso proporcionar en la traducción un distintivo o una acreditación que de fe que la traducción ha sido realizada por una persona con una serie de competencias específicas y que, de algún modo, ha obtenido un título oficial que haga posible que dicha traducción pueda ser admitida en diversos procesos de carácter jurídico o administrativo. En este sentido, la industria de la prestación de servicios lingüísticos cuenta con la figura del traductor jurado, que es un traductor colegiado reconocido por el gobierno cuya firma, manuscrita o electrónica, acredita la calidad óptima de una traducción y la habilita para ponerla en el curso de procedimientos oficiales. Este título tiene una funcionalidad parecida en los distintos países, pero no siempre se obtiene por los mismos medios, ya que en algunos casos es preciso aprobar una serie de exámenes relacionados con la traducción, la interpretación o ambos y, en otros, es posible obtenerlo cursando una serie de asignaturas específicas en la universidad, por ejemplo.
La traducción jurada es un servicio que, en términos económicos y como es sobradamente conocido en el sector, entraña un mayor coste para todos los agentes lingüísticos que participan en su realización. Esto se debe en gran medida a que las responsabilidades que asume el traductor de una traducción jurada son mucho mayores que las que puedan desprenderse de una traducción ordinaria o, mejor dicho, que no cuente con el distintivo de ser una traducción acreditada específicamente por un traductor reconocido por el gobierno. Asimismo, las traducciones juradas se suelen emplear en ámbitos donde los errores tienen consecuencias mucho más significativas, por lo que los procesos de control de calidad deben ser más exhaustivos, lo que a menudo encarece los costes. Pero ¿cuáles son las consecuencias reales de cometer errores en las traducciones juradas?, ¿A qué responsabilidades se enfrenta el traductor jurado en caso de presentar una traducción defectuosa?
Las consecuencias más directas de una traducción jurada defectuosa tienen que ver con solicitar de nuevo una traducción jurada, bien al mismo traductor exigiendo aumentar los controles de calidad o bien a un nuevo profesional. Esto se debe a que la traducción defectuosa es inutilizable, ya sea porque el contenido no refleja la realidad del original o porque la presencia de determinados errores hace dudar de la veracidad del resto del contenido. En este sentido, lo habitual es que la traducción jurada vuelva en forma de revisión al mismo traductor y que este la corrija nuevamente a coste cero o bien que la traducción, en caso de ser completamente inutilizable, se le asigne a un nuevo proveedor, en cuyo caso y, según la relación contractual, será una u otra parte la que asuma los costes relacionados a esta nueva tarea. Desafortunadamente, estos procesos implican complicar y alargar el tiempo del trámite en cuestión, lo que puede suponer contratiempos adicionales, tanto dentro como fuera del ámbito económico.
El encargo de una traducción jurada es asimismo la contratación de un servicio, por lo que, como ocurre con cualquier tipo de contrato, los daños o perjuicios ocasionados por acción u omisión o por culpa o negligencia deberán ser reparados por quien los causa. En este sentido, un error de traducción jurada entra dentro de estos supuestos, por lo que el traductor podría estar incurriendo en un delito de responsabilidad civil que, según las circunstancias, dará lugar a una indemnización mayor o menor, a lo que se suma el daño que esto supone para la imagen del traductor o de la agencia contratada.
En un nivel de gravedad aún mayor, estas consecuencias serían más altas cuando el error no es fruto de una negligencia, sino que se produce deliberadamente para modificar la información de un documento jurídico, económico o administrativo, supuesto que está tipificado con hasta dos años de prisión, una multa y, por supuesto, la inhabilitación para desempeñar la profesión por un periodo comprendido entre los seis y los doce años.
Por este motivo, es fundamental informarse a la hora de contratar servicios de traducción jurada y contar con el asesoramiento profesional de traductores jurados verificados o de agencias que ofrezcan este tipo de servicios con garantías de calidad. Y es que, en la industria de la traducción, invertir en calidad es invertir en seguridad y éxito.
Ref. de la imagen: https://blog.abacoadvisers.com/the-spanish-notary/
